En la más reciente Confe­rencia de las Partes (COP29), celebrada bajo una intensa expec­ta­tiva global, los sindi­catos inter­na­cio­nales lanzaron un llamado claro y urgente: la finan­cia­ción desti­nada a combatir el cambio climá­tico debe priorizar la recupe­ra­ción y el forta­le­ci­miento de los bienes y servi­cios públicos esenciales. Esta decla­ra­ción subraya que enfrentar la emergencia climá­tica no solo depende de soluciones tecno­ló­gicas o acuerdos inter­na­cio­nales, sino también de garan­tizar una base sólida de servi­cios que apoyen a las comuni­dades más vulne­ra­bles.

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Los bienes y servi­cios públicos —como el acceso universal a la salud, la educa­ción de calidad, el trans­porte soste­nible y el suministro de agua potable— son funda­men­tales para construir socie­dades resilientes frente a los efectos del cambio climá­tico. Sin embargo, en muchas regiones del mundo, estos servi­cios han sido erosio­nados por décadas de desin­ver­sión y priva­ti­za­ción. Según la decla­ra­ción sindical, la lucha climá­tica es una oportu­nidad para revertir esta tendencia y colocar el bienestar público en el centro de la transi­ción ecoló­gica.

El documento también pone el foco en las profundas desigual­dades que agravan los impactos del cambio climá­tico, afectando de manera despro­por­cio­nada a los países en desarrollo y a las comuni­dades más empobre­cidas. Para abordar este desafío, los sindi­catos demandan que los países más ricos y las grandes corpo­ra­ciones asuman su respon­sa­bi­lidad histó­rica y finan­ciera. Esto incluye aportar recursos signi­fi­ca­tivos para forta­lecer los servi­cios públicos en las regiones más afectadas y garan­tizar una transi­ción justa para los traba­ja­dores que dependen de indus­trias de alto impacto ambiental.

Además, la Decla­ra­ción Sindical de la COP29 enfatiza que la acción climá­tica debe estar alineada con los princi­pios de justicia social y derechos laborales. Los sindi­catos exigen que las políticas climá­ticas respeten y promuevan empleos dignos, protejan a los traba­ja­dores y eviten la exclu­sión social. La transi­ción ecoló­gica no debe ser una excusa para preca­rizar el trabajo ni para perpe­tuar las desigual­dades existentes, sino una oportu­nidad para reima­ginar socie­dades más equita­tivas y soste­ni­bles.

Final­mente, los líderes sindi­cales recalcan que no es posible hablar de justicia climá­tica sin hablar de servi­cios públicos fuertes. Estos son la base sobre la cual las comuni­dades pueden enfrentar desas­tres naturales, adaptarse a los cambios climá­ticos y garan­tizar el bienestar de las genera­ciones futuras. La COP29 repre­senta, por tanto, un punto de infle­xión: los gobiernos y actores inter­na­cio­nales deben compro­me­terse a una finan­cia­ción climá­tica que no solo reduzca las emisiones de carbono, sino que también priorice el bienestar de las personas y el planeta.

Con este llamado, la Decla­ra­ción Sindical se posiciona como una guía ética y práctica para una transi­ción climá­tica inclu­siva, justa y soste­nible. Ahora queda en manos de los líderes mundiales escuchar y actuar.