Recientemente, informaron que las mediciones de inflación están desactualizadas, con un retraso del 15% debido a cálculos erróneos en 2024. Esto impacta negativamente en salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, un millón de nuevos trabajadores han sido incorporados al pago del impuesto a las ganancias debido a este desfase.
El comunicado también destaca que el Salario Mínimo, Vital y Móvil se ha distanciado del sueldo promedio en Argentina, estableciéndose en un valor seis veces menor al legal por decisión gubernamental. La política antinacional ha provocado la contracción del sector industrial, resultando en 150,000 despidos en el ámbito privado y el cierre de 17,000 pymes durante 2024.
Los recortes en educación, salud, ciencia y tecnología deterioran la calidad de vida e impiden un desarrollo autónomo. Además, se ha presenciado la represión a jubilados que reclaman por la gratuidad de medicamentos y el aumento de sus haberes.
En este contexto, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025, transformando al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima, paso previo a su posible privatización. Esta medida fue suspendida por el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº2, que consideró que el Poder Ejecutivo podría haberse excedido en los límites fijados por el Congreso.
El Banco Nación, valuado en 30,000 millones de dólares, otorgó durante 2024 préstamos por 15,000 millones de dólares y acordó 3,000 créditos hipotecarios, consolidando su presencia con 720 sucursales que atienden a diez millones de clientes, sostenido por 17,000 trabajadores.
Asimismo, el presidente firmó el decreto 115/2025, transformando Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) en sociedad anónima, con el Estado asumiendo sus deudas, lo que ha sido interpretado como otra entrega del patrimonio nacional.
Estas acciones se amparan en supuestos “permisos” de la Ley de Bases y en la paciencia del pueblo argentino, que soporta sacrificios mientras unos pocos acumulan ganancias. Además, el escándalo conocido como “criptogate” ha generado consecuencias jurídicas y económicas preocupantes.
Los gremios proponen:
- Derogar el Decreto 70/2023 y las facultades extraordinarias otorgadas al presidente.
- Reconocer el 15% adeudado a trabajadores activos, jubilados y pensionados por la desactualización de la inflación en 2024.
- Exigir paritarias libres para establecer nuevos salarios, actualmente frenadas por el gobierno.
- Elaborar una hoja de ruta para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil que estipulan las leyes.
Este comunicado cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sindicales y profesionales comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores y el patrimonio nacional.
