Uruguay viene avanzando rápidamente en el desarrollo de políticas de protección ambiental, incorporando principios de desarrollo sostenible en su marco legal y en sus programas de gobierno. La ratificación de todos los convenios internacionales en materia de desarrollo sostenible y la promulgación en el año 2000 de la Ley 17.283 denominada “Ley General de Protección del Medio Ambiente” establecen un marco legal que va complementado por importantes esfuerzos para fortalecer la institucionalidad medioambiental tanto a nivel nacional como local.
En los últimos años se han constatado grandes avances en materia ambiental, que se plasman en la inclusión dentro del último presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo del área programática “Medio ambiente y recursos naturales”. En base a este presupuesto, desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y con el apoyo de otros ministerios se vienen desarrollando diversos programas orientados a la gestión ambiental, la ordenación del territorio, la política ambiental regional e internacional y la mitigación del cambio climático. Junto a ello, la nueva política energética orientada al fortalecimiento de las energías renovables que lidera el Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) da cuenta de la relevancia de la problemática en la agenda nacional.
Existe en el país cada vez más conciencia de que la transición hacia una economía verde implica cambios profundos en el mercado laboral. Las políticas ambientales – necesarias para avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable – conllevan el riesgo de destrucción de fuentes de ingreso y puestos de empleo, pero también el potencial de generación de nuevas oportunidades laborales. Asimismo, la transición hacia una economía verde va cambiando las características del trabajo. Los empleos verdes son el producto de políticas que orientan modelos de producción, de consumo, de ordenamiento territorial, de instituciones y de gobernanza que consideran la sostenibilidad como una fuerza motriz positiva.
El presente estudio se realizó con el objetivo de proveer evidencia sobre los empleos verdes existentes en el país, revisar el contexto político actual y dar insumos para un diálogo nacional sobre las relaciones entre las políticas ambientales y el mercado laboral. En total se identificaron 44.108 empleos verdes en el país, o sea el 2,72% de la mano de obra ocupada en el año. Este número corresponde a una definición relativamente estricta que no incluye, por ejemplo, los empleos generados en el transporte público o en el sector de la construcción. Son empleos que, según la definición empleada por la OIT, contribuyen a la protección del medioambiente y a la vez son empleos de calidad, con contrato formal, derechos laborales y protección social.